La protección de acuíferos en México.
En el marco de las jornadas politécnicas realizadas por el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) Unidad Oaxaca —que pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN)—, el doctor en geografía Gonzalo Hatch Kuri presentó una propuesta de ley para la gestión del agua subterránea, que tiene por propósito la administración de los acuíferos con base en información científica.
Durante la conferencia magistral Gestión y regulación del agua subterránea en México. Del conflicto a la protección ambiental, Gonzalo Hatch expuso las bases científicas que dieron origen a la propuesta de ley para la gestión del agua subterránea, trabajo que desde el 2015 emprendió en colaboración con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Una propuesta científica
conferencia head 81717“Ley del agua subterránea: una propuesta” es un trabajo que conjunta las investigaciones de un grupo de hidrogeólogos de la UNAM, con más de treinta años de experiencia. El objetivo común de los especialistas es dar pie a un nuevo marco de gestión y regulación de aguas subterráneas en México, que permita la protección de estas unidades geológicas y garantice el abastecimiento.
El equipo de expertos está conformado por la doctora María del Carmen Carmona, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas; el doctor Joel Carrillo Rivera, investigador del Instituto de Geografía; el doctor Rafael Huizar Álvarez, investigador del Instituto de Geología; el doctor Marcos Adrián Ortega, investigador adscrito al Centro de Geociencias; y el doctor Gonzalo Hatch Kuri, becario posdoctoral del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, todos ellos pertenecientes a la UNAM.
Los riesgos de una gestión inadecuada
El doctor Gonzalo Hatch explicó que actualmente la regulación de aguas subterráneas se realiza a partir de una base científica inadecuada, que consiste en el cálculo del balance hídrico. El balance hídrico toma en cuenta estimaciones con parámetros como evapotranspiración, precipitación y tipo suelo, sistema que considera es propenso a fallas, pues toman en consideración descripciones cartográficas antiguas, debido a que no existen las estaciones meteorológicas necesarias para llevar a cabo dichas estimaciones.
Enfatizó que la gestión del agua subterránea se realiza con base en estimaciones y delimitaciones convencionales de carácter administrativo, sin tomar en cuenta el tamaño real del acuífero, lo que se traduce en una ineficiente explotación y daños ambientales colaterales.
“El tamaño real del acuífero se desprecia y solo se define una especie de contenedor. El balance hídrico se hace sobre apenas el uno por ciento del tamaño real del acuífero“.
En el marco de las jornadas politécnicas del CIIDIR Unidad Oaxaca, Gonzalo Hatch detalló que para administrar los acuíferos, es importante conocer que cuentan con tres niveles: sistema de flujo local, flujo intermedio y flujo regional, en función de la profundidad.
Agregó que comúnmente son explotados los sistemas de flujo locales, los cuales se encuentran aproximadamente a 10 metros de profundidad, mismos que de ser explotados de forma irracional, contribuyen a la desertificación.
“Los sistemas de flujo locales son clave en la lucha contra el cambio climático, porque antes de existir el ser humano, esa agua fue utilizada por la biodiversidad por su funcionamiento”, aseveró el especialista.
Con esta información, concluyeron que las perforaciones en este país fundamentalmente son destinadas a explotar los sistemas de flujo locales, despreciando los sistemas de flujo intermedios y regionales, generando un impacto ambiental negativo.
Otro punto que abordó el grupo de especialistas es la distribución de las aguas subterráneas transfronterizas, pues tal como indicó el geógrafo, las aguas no reconocen fronteras políticas. No estimar las aguas subterráneas como unidades geológicas entorpece el planteamiento de un esquema de gestión binacional adecuado. Hatch Kuri indicó que en países como Estados Unidos, los acuíferos son definidos a partir de la extensión de su unidad geológica, por lo que no coincide el mapa de ambos países (México-Estados Unidos) en la zona fronteriza.
Una propuesta con sustento
En este año, los especialistas publicaron Ley del agua subterránea: una propuesta (ISBN:978-607-02-8997-2), con el respaldo de entidades de la UNAM, como el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN), el Instituto de Geografía, el Centro de Geociencias, el Instituto de Geología y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, mismo que se ha presentado en el Senado de la República.
La publicación propone que para determinar las unidades geológicas (acuíferos) es necesario hacer perforaciones exploratorias, para conocer la temperatura y calidad del agua, además de realizar pruebas isotópicas. Al conocer la información propia del acuífero, se podrá determinar el tamaño y los puntos de recarga y descarga.
La propuesta de ley establece tres principios básicos para la delimitación y gestión del agua subterránea: principio precautorio, mapa nacional de los sistemas de flujo y vigilancia en la calidad del agua subterránea.
El principio precautorio establece el monitoreo permanente sobre todos los aprovechamientos naturales y artificiales de aguas subterráneas en México, y control sobre el volumen de extracción de agua para no dañar el sistema del subsuelo.
En función de vigilancia en la calidad del agua subterránea, la propuesta establece un monitoreo permanente y el proceso de potabilización, ya que las rocas contaminan de forma natural el agua, además de otros factores como el uso de plaguicidas.
En Ley del agua subterránea: una propuesta, los expertos mencionan que en México no existe una instancia gubernamental que certifique la calidad del agua de los pozos que abastecen a la población. Uno de los elementos que puede contaminar el agua es radón (222Rn), el cual, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) es un elemento cancerígeno.
“Un ejemplo de ello ocurrió en el municipio de San José de Iturbide en octubre de 2016, en el que la UNAM confirmó la presencia de radiactividad cuatro veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano”, mencionan en el contexto de la propuesta de ley.
